La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía aprueba la norma por mayoría, con 17 votos a favor y dos en contra

La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía ha convalidado por mayoría el Decreto-ley 2/2026, de 11 de marzo, que supone un importante impulso para la caza social andaluza, al reducir trámites administrativos, simplificar la burocracia y reforzar la seguridad jurídica del sector cinegético.

El debate de la norma –que ha salido adelante con 17 votos a favor (PP, PSOE y VOX) y dos en contra (Por Andalucía y Adelante Andalucía)– ha contado con la presencia del vicepresidente de la Federación Andaluza de Caza, Adelardo Villafranca, y el director técnico, José Antonio López.

El decreto introduce mejoras especialmente relevantes para las sociedades federadas, que ahora podrán participar en la licitación de montes públicos conforme a la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas. Esto simplificará los trámites, agilizará la participación, evitará retrasos en la adjudicación y contribuirá a la transparencia.

Asimismo, se descentraliza la aprobación de los planes técnicos de caza integrados. A partir de ahora, estos planes serán informados, evaluados y aprobados por las Delegaciones Territoriales o Provinciales de la Consejería competente en materia de caza, lo que permitirá agilizar significativamente el procedimiento.

El decreto elimina también las limitaciones de superficie mínima para los cotos deportivos de caza y establece que los Planes Técnicos de Caza (PTC) que se adhieran al sistema de calidad regulado por el Decreto 14/2008, de 22 de enero, serán evaluados, informados y aprobados por la Dirección General competente en materia de caza.

“Hemos dado un paso histórico para la caza social en Andalucía. Tras años de trabajo, los procedimientos se agilizan y se consiguen nuevos logros para la caza social andaluza”, ha manifestado el vicepresidente.

Otros beneficios para el sector cinegético

Del mismo modo, el decreto autoriza el empleo de un máximo de seis perros para la caza en mano a diente y el uso de visores en determinadas condiciones conforme a la normativa vigente.

Procede, igualmente, a la eliminación de la tarjeta acreditativa del cazador, así como también da luz verde a la expedición de licencias temporales de caza a personas procedentes de otras Comunidades Autónomas o Estados que pretendan cazar en Andalucía bajo el sistema de tutela.

Por otro lado, recoge que se podrá cazar en un coto sin autorización por escrito de su titular, siempre que el cazador esté acompañado por el titular del coto o su representante legal.

Licencia interautonómica

Por último, contempla la puesta en marcha de las licencias interautonómicas. Este documento, que es válido en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Asturias y Murcia, tiene un coste de 70 euros, habilita para todas las modalidades de caza autorizadas, incluida la licencia de rehala, y tendrá validez de un año. No se aplicarán exenciones ni bonificaciones previstas en la normativa autonómica con carácter general, con el fin de garantizar una aplicación homogénea en todas las comunidades participantes en el convenio.