Los cazadores andaluces reclaman al Gobierno Andaluz que sea coherente con los compromisos adquiridos en la Agenda Andaluza por la Caza y revise su colaboración con una entidad que “ha convertido al sector cinegético en uno de sus objetivos”

La Federación Andaluza de Caza (FAC) exige a la Junta de Andalucía que ni un euro de dinero público de los andaluces se destine a financiar iniciativas de SEO/BirdLife que contribuyan a criminalizar, atacar o deslegitimar a los cazadores y a la actividad cinegética.

La petición de la FAC se produce después de las últimas acciones y mensajes públicos de SEO/BirdLife contra la caza y coincide con la publicación de un análisis, realizado por la revista Jara y Sedal, que cifra en 21,85 millones de euros las subvenciones públicas concedidas a esta entidad entre 2022 y septiembre de 2026. Según dicha información, 18,58 millones procederían de organismos estatales, mientras que las administraciones autonómicas y locales habrían concedido 2,8 y 0,47 millones de euros, respectivamente.

Para la Federación Andaluza de Caza, estas cifras obligan a abrir un debate sobre la utilización de recursos públicos para financiar a organizaciones que, al mismo tiempo, mantienen una estrategia de confrontación con el sector cinegético.

“No cuestionamos el derecho de SEO/BirdLife a defender sus posiciones, pero sí cuestionamos que los andaluces tengan que financiar con sus impuestos iniciativas de una entidad que utiliza sus recursos y su capacidad de influencia para atacar a los cazadores” señala el presidente de la FAC, José María Mancheño.

La posibilidad de que recursos públicos puedan terminar financiando actuaciones de entidades que defienden posiciones abiertamente anticaza sería especialmente grave sería en Andalucía, donde el Gobierno de la Junta ha adquirido con el sector cinegético compromisos explícitos de defensa de la actividad mediante la firma de la Agenda Andaluza por la Caza.

Por ello, la Federación reclama a la Junta de Andalucía que revise sus colaboraciones, convenios, proyectos y líneas de financiación vinculadas a SEO/BirdLife y que garantice que ningún recurso económico público se destina a actuaciones cuyo objetivo o resultado sea perjudicar, criminalizar o deslegitimar a la caza y a los cazadores.

Los cazadores, líderes en generar ciencia

Frente al discurso que pretende presentar a las organizaciones ecologistas como únicas garantes del conocimiento científico sobre la biodiversidad, la Federación Andaluza de Caza reivindica el extraordinario trabajo de investigación, seguimiento y monitorización que está desarrollando el propio sector cinegético.

A través de proyectos impulsados por la Fundación Artemisan, financiados por Mutuasport y aplicados en Andalucía por la Federación Andaluza de Caza, miles de cazadores están participando en la obtención de datos esenciales para conocer el estado de las poblaciones de especies cinegéticas y mejorar su gestión.

Entre estos proyectos destaca COTURNIX, cuyo método de investigación se ha convertido en un referente para el estudio y seguimiento de la codorniz y está despertando interés más allá de nuestras fronteras.

También destaca el PIRTE (Plan Integral de Recuperación de la Tórtola Europea), que ha generado conocimiento relevante para avanzar hacia una gestión sostenible de esta especie y para la adopción de decisiones relacionadas con su aprovechamiento cinegético.

A ellos se suma el Observatorio Cinegético, una herramienta de monitorización de las especies de caza mayor y menor desarrollada con la participación directa y los recursos del propio sector cinegético y que está permitiendo obtener información de enorme valor sobre la evolución de las poblaciones cinegéticas.

“Mientras algunos pretenden dar lecciones de conservación desde los despachos y las redes sociales, miles de cazadores están saliendo al campo, recogiendo datos, realizando censos, monitorizando poblaciones y aportando recursos para generar conocimiento científico que después permite tomar decisiones de gestión”, destaca Mancheño.

En este sentido, la FAC defiende que las políticas de conservación deben construirse sobre datos, conocimiento científico, gestión y colaboración entre todos los actores del medio rural, y no sobre la confrontación entre colectivos.

En este sentido, considera especialmente importante que la Junta de Andalucía mantenga una posición de equilibrio y reconozca el papel que desempeñan los cazadores en la conservación del patrimonio natural andaluz. “Lo que pedimos es muy sencillo: que el dinero de los andaluces no se utilice para financiar a quienes trabajan contra los cazadores”, concluye Mancheño.