Según esta información, con el objetivo de garantizar el equilibrio ecológico en Guadarrama, la Dirección del Parque Nacional reducirá la población de cabras monteses de las 4.000 existentes a menos de 1.500 empleando armas de fuego ante la inefectividad de las jaulas-trampa y la caza con arco.

 

Curiosamente, esta noticia se produce pocas semanas después de que el Gobierno de España haya aprobado una Ley de Parques Nacionales duramente criticada por los grupos ecologistas al exigir que en ésta se recogiera la prohibición inmediata de la caza en dichas zonas protegidas.

 

La Federación Andaluza de Caza quiere expresar públicamente su sorpresa ante la pasividad demostrada por los grupos ecologistas en referencia a la noticia publicada el domingo en la versión digital de El País sobre la reducción del 60% de la población de Cabra Montés del Parque Nacional de Guadarrama mediante el empleo de armas de fuego.

 

Resulta sorprendente que, tras meses abogando por la prohibición de la caza en los Parques Nacionales, el único argumento de Ecologistas en Acción ante esta noticia –como se recoge en la información publicada en El País– sea la preocupación del citado grupo por la manera en que se conciliará el disfrute de la naturaleza con el empleo de armas de fuego.

 

En este sentido, la decisión del Parque Nacional de Guadarrama y la postura demostrada por los grupos anti-caza, como SEO Birdlife ó el Partido PACMA, ante esta noticia confirma la debilidad de los argumentos sostenidos por el ecologismo y relacionados con la importancia de eliminar la caza para la conservación de los parques. 

 

Asimismo, se confirma la demagogia de los grupos ecologistas, capaces de sublevarse públicamente contra la caza en los parques nacionales pero que mantienen silencio cuando la eliminación de especies naturales se denomina “extracciones con criterios de conservación, nunca por el valor recreativo ni económico del trofeo, ni por caza deportiva”.

 

Por último, la Federación Andaluza de Caza quiere recordar que la contratación de cazadores profesionales y funcionarios para la caza de las especies sobrantes supondrá una inversión de fondos públicos cuando, de manera bien programada y controlada, podría realizarse por parte de sociedades de cazadores que, además, pagarían al estado por aprovechamiento cinegético de terrenos de titularidad pública.