Por José María Mancheño Luna, presidente de la Federación Andaluza de Caza

El brote de Peste Porcina Africana (PPA) surgido hace pocos días en el entorno urbano de Barcelona ha puesto en el foco mediático el problema de la sobrepoblación de jabalíes  y cerdos asilvestrados en toda España.

La amenaza que esta enfermedad supone para el sector del porcino nacional y para la sanidad animal en el medio ambiente ha activado a diversas administraciones regionales a la hora de actuar frente a un problema del que el sector cinegético lleva más de una década alertando y para el que los cazadores demandan menos trabas burocráticas, más apoyo institucional y mejores marcos normativos y legales para garantizar el equilibro de las poblaciones de jabalíes y evitar así que la alta densidad se convierta en un factor de riesgo en la transmisión y contagio de la PPA.

La caza se ha presentado de manera natural y lógica como una actividad necesaria, más bien esencial, frente a una coyuntura que podría tener graves repercusiones para la ganadería e incluso para la conservación. Sin embargo, lejos del reconocimiento institucional y/o público del carácter esencial de la caza, las administraciones han optado, con carácter general, por una solución «política» frente al problema: varios gobiernos autonómicos pagarán a cazadores y titulares de cotos por cada jabalí cazado para reducir la sobrepoblación.

Sin entrar a valorar las razones y circunstancias de quienes adoptan estas medidas, y mucho menos de quienes serán beneficiarios de ellas, los cazadores federados andaluces celebramos que las medidas adoptadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía obvien este tipo de soluciones y se dirijan mucho más a facilitar, desde el punto de vista legal y administrativo, el desempeño de una responsabilidad que llevamos asumiendo desde que en 2014 se publicara la primera Resolución de emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios derivados de la sobrepoblación de jabalí y cerdo asilvestrado en nuestra región.

Dicho de otro modo: nuestro compromiso no está en venta. La caza social andaluza no necesitará fondos públicos para seguir siendo ejemplo de responsabilidad en cualquier labor o función en que las sociedades andaluzas puedan ser de utilidad pública.

La compensación de las administraciones a esta labor y compromiso de los cazadores debe llegar en forma de defensa  pública y apoyo institucional a la caza, debe traducirse en mejoras legales y normativas que garanticen el futuro de una actividad esencial, debe convertirse en programas de fomento y divulgación que garanticen el relevo generacional… Pero, sobre todo, en el caso de una compensación económica, ésta debe articularse a través de rebajas fiscales que beneficien y reconozcan a todas esas  sociedades de caza que invierten recursos propios, trabajo, esfuerzo y compromiso en la conservación del patrimonio natural andaluz.

En este sentido, la Junta de Andalucía tiene encima de la mesa una batería de propuestas formuladas por la Federación Andaluza de Caza a la Ley de Presupuestos para la Comunidad Autónoma Andaluza en 2026. Tenerlas en cuenta y beneficiar a quienes trabajan e invierten a diario en la conservación es y será siempre la mejor manera de recompensar una labor que hoy y siempre acometeremos por responsabilidad con nuestros propios valores.