Por José María Mancheño Luna, presidente de la Federación Andaluza de Caza

Desde hace apenas un par de décadas, el animalismo trabaja de manera muy eficiente para imponer su relato a la sociedad. La prohibición de toda actividad que no cumpla los dictados animalistas y la imposición de una determinada moral en la relación del hombre con el medio natural son los objetivos de un relato que cala cada vez más en la sociedad gracias a la colaboración de determinadas administraciones y gobiernos y, sobre todo, gracias a la financiación millonaria que estos grupos obtienen a través de fondos públicos.

La desastrosa y caótica Ley de Protección y Derechos de los Animales, aún pendiente de reglamentación específica y cuya aplicación está generando importantes conflictos sociales, es el resultado de la imposición del relato animalista a un Gobierno permeable a sus imposiciones morales e ideológicas por mero interés electoralista.

Esta Ley, que ni siquiera ha sumado el consenso y apoyo del colectivo animalista en su totalidad, ha establecido, entre otras cuestiones, la protección de los gatos ferales y callejeros, cuyas poblaciones ahora solo pueden controlarse mediante los métodos promulgados por colectivos animalistas y protectoras, pese a la importantísima amenaza que, según diversos estudios científicos, representan las colonias de gatos callejeros para la conservación de la biodiversidad y de la fauna protegida.

El animalismo ha logrado, con su relato, imponer en el ideario colectivo la necesidad de velar por el bienestar de los gatos callejeros por encima incluso del gravísimo problema ecológico que estos representan. Para ello, el Gobierno de España lleva los últimos cuatro años destinando dos millones de euros de subvenciones públicas a que los colectivos animalistas apliquen el método CER, una «solución» al control poblacional de gatos callejeros que consiste en una adecuada alimentación, seguimiento, supervisión y esterilización de gatos ferales.

En esta «sociedad líquida», donde todo es fluido y volátil, ocurre con frecuencia que «dato mata relato». Esto mismo es lo que ha sucedido con el relato animalista, con una pequeña diferencia: en esta ocasión es el gato, concretamente la realidad de las poblaciones de un depredador que en el medio natural se caracteriza por matar presas incluso sin necesidad, quien ha acabado con el relato de un «método de control» que se revela como un fracaso si se mira desde las perspectivas de la estadísitica o, incluso, desde la económica.

En unas recientes declaraciones públicas realizadas en Málaga, el director general de Derechos de los Animales del Gobierno de España reconocía que los métodos de control defendidos por los colectivos animalistas sólo han conseguido que la curva poblacional de gatos callejeros no se múltiple aún más de lo que ya está creciendo y situaba, con reservas al admitir la falta de datos y rigor, que la población de gatos callejeros en España alcanza los 1,5 millones de ejemplares, cifra bastante inferior a los más de 4 millones de gatos que indican estudios científicos y técnicos.

Lejos de revisar sus métodos, hacer autocrítica o escuchar a técnicos, científicos y expertos en conservación, desde la Dirección General de Derechos de los Animales se apuntaba, también públicamente, a la única solución posible: pasar de dos a siete los millones de euros de subvenciones públicas destinadas a colectivos animalistas y protectoras.

Preparen los bolsillos: según datos del propio Ministerio, en 2030 alcanzaremos una población de siete millones de gatos callejeros gracias a unos métodos fallidos que se llevan aplicando desde hace 15 años y cuya única subveción es «regarlos» con más subvenciones.