Sabido es que el monte público, además de proporcionar beneficios económicos, corcho, caza, pastos, madera, leñas, resina, esparto, brezo, setas, aromáticas y medicinales, desempeña funciones de interés ambiental y social que, aun cuando de difícil valoración, ofrecen significativa o mayor importancia, tales como las relacionadas con la regulación y economía de las aguas, corrección de la torrencialidad de las cuencas fluviales, defensa contra la erosión superficial, mejora de las condiciones climáticas, medio para actividades recreativas y de ocio, y embellecimiento del paisaje.

Y aun cuando los montes, conforme con su infraestructura, situación y estado forestal se identifican más o menos con alguno de los fines mencionados, cabe señalar que la triple funcionalidad del monte debe ser fomentada mediante la indiscutible necesidad de la concienciación social en la indivisibilidad de estas funciones. No se puede separar lo social, de lo económico ni de lo ambiental.

En este sentido es de justicia destacar la encomiable y poco reconocida labor ejercida por nuestros mayores y antepasados serranos, que supieron entender y preservar este carácter multifuncional, gracias a su especial sensibilidad y buen hacer en las diferentes tareas que han implicado la explotación ordenada y sostenible del monte mediterráneo desde época ancestral.

Dentro de las posibilidades del monte mediterráneo el aprovechamiento cinegético se ha venido constituyendo como uno de los principales, debido más a su carácter social que a su escasa renta, afianzándose como un factor contribuyente en la fijación de la población rural y manifestándose como un posible futuro motor dinamizador de la socio-economía lugareña.

La adjudicación del aprovechamiento cinegético de los montes públicos a las sociedades de cazadores locales supone, a la vez que se logra la satisfacción de las necesidades recreativas y de carácter socio-económico de las comunidades rurales, una importante contribución en la prevención de incendios forestales, garantizando la continuidad de la equiparación social y la supresión de la discriminación del derecho a la actividad cinegética. Así mismo conforma una política idónea en la consecución de la función social del monte, constituyendo el mejor y más económico programa de fomento de la participación y corresponsabilidad de la población en la protección del monte.

De esta manera cabría hablar de un ?valor añadido?, un patrimonio forestal vinculado a la población rural, que acentúa el sentimiento de pertenencia e identidad hacia el monte, el acervo agroforestal de la gente del campo.

No cabe duda que las nuevas generaciones de cazadores pertenecientes a sociedades ligadas al medio rural debemos estar a la altura del reto que se nos presenta y afrontar con ilusión el relevo en la gestión de los montes públicos, de manera que se acometa acorde a renovados criterios de gestión cinegética, buscando compatibilizar la rentabilidad y la sostenibilidad del recurso.

Finalmente no debemos olvidar que la tradicional caza social practicada en los montes públicos de nuestra geografía se ha mostrado buena para todos nuestros pueblos, ciudades y cazadores. Que así lo siga siendo.

Álvaro Trujillo Díez
Ingeniero de Montes
Gabinete Técnico de la FAC