El sector cinegético no descarta movilizaciones si el Gobierno de España no reduce el impacto de un reglamento que ha ignorado las propuestas de los cazadores de excluir a los perros de caza y de diferenciar con claridad entre cría comercial y cría por aficionados sin fines lucrativos, lo que podría perjudicar gravemente a la rehala

El Parlamento Europeo ha aprobado el nuevo reglamento sobre el bienestar y trazabilidad de perros y gatos, una normativa que atenta frontalmente contra la caza y, en particular, contra el sector cinegético español.

El texto, que se presenta como un proyecto para combatir la cría ilegal de animales y regular su comercialización, pero que oculta en su desarrollo una prohibición encubierta de la caza social tal y como se practica hoy día, contempla en su articulado ciertos aspectos que perjudicarán gravemente a cualquier propietario de perros que realice determinadas actividades de cría, especialmente a los rehaleros y cazadores.

Para la aprobación de este reglamento, el Parlamento Europeo ha ignorado la petición de la Real Federación Española de Caza (RFEC) de excluir los perros de caza y las rehalas del ámbito de aplicación. Además, la Federación alertaba en sus enmiendas que la distinción entre pequeños criadores y criadores comerciales es insuficiente, y puede generar inseguridad jurídica en un sector complejo como el de la caza, al no delimitar con claridad la cría no comercial de la actividad económica.

En este sentido, una interpretación exhaustiva de la norma podría imponer obligaciones desproporcionadas a cazadores sin actividad comercial, tales como la obligación de realizar el transporte de perros de caza o rehalas bajo la tutela, en todo momento, de un veterinario o con una serie de condiciones de iluminación y temperatura imposibles de asumir para los cazadores sociales, lo que supondría implícitamente prohibir la caza con perros.

La aplicación del reglamento, en manos del Gobierno de España

Tras su aprobación en el Parlamento Europeo, la aplicación en España de un reglamento nefasto para el sector cinegético dependerá ahora del Gobierno Central, que en el plazo de dos años deberá trasponer el texto a la normativa nacional.

Como ya ocurriera el 20 de marzo de 2022 con la marea naranja que inundó las calles de Madrid contra la “Ley Animalista” del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el sector cinegético nacional no descarta movilizaciones si el Gobierno de España no reduce el impacto de un reglamento europeo que perjudicará gravísimamente a la caza social, poniendo en riesgo una actividad vital para la conservación del medio ambiente y la dinamización socio-económica de la España rural.