- 04/04/2022
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La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha exigido al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España la retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que podría acabar con la actividad cinegética al extender la tipificación de maltrato animal a todos los animales vertebrados.
Además de exigir la retirada del anteproyecto, el organismo federado nacional ha enviado una carta a los portavoces de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para trasladarles su preocupación por la inseguridad jurídica que genera el texto para los cazadores y solicitando su rechazo y oposición total al texto.
El presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, señala que “no puede obviar a la masa social de 600.000 cazadores que se manifestaron el 20 de marzo en Madrid”, por lo que solicita al Gobierno “la retirada definitiva del documento o el cese inminente de la ministra por continuar en su deriva animalista radical anti-caza para seguir sentenciando a todo el mundo rural”.
En este sentido, la Federación Andaluza de Caza se suma a la petición de la RFEC y anuncia una ronda de contactos con todos los partidos políticos a nivel andaluz para mostrar el rechazo de los más de 200.000 cazadores federados a una reforma iniciada, una vez más, sin ningún tipo de consenso e interlocución con el sector de la caza, pese a que podría ser gravemente perjudicado de mantenerse el texto actual.
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
Con la reforma se pretende que el maltrato sea castigado con un aumento de penas de 18 meses de prisión si las lesiones implican atención veterinaria y hasta 2 años si el resultado es la muerte. En este sentido, de llevarse adelante la reforma impulsada por la Dirección General de los Derechos de los Animales, cualquier daño o lesión no imprudente y no justificada hacia los animales vertebrados sería considerada como delito, asimilándose el tratamiento legal de las lesiones al de los humanos, por lo que generaría tal inseguridad jurídica que podría suponer el fin de actividades esenciales como la caza, la ganadería y la pesca, sometidas al escrutinio y denuncias interesadas del lobby animalista.