Con la denuncia se buscará la depuración de todas las responsabilidades por la destrucción y alteración de hábitats de especies protegidas

La Real Federación Española de Caza (RFEC) y la Fundación Artemisan van a presentar una denuncia ante la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado por el control de ungulados que se realizó en el Parque Nacional de Monfragüe el pasado día 22 de abril, en el que murieron unos 40 ejemplares de ciervo y jabalí, sin seguir ningún tipo de criterio selectivo.

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Los hechos tuvieron lugar en la finca ‘Las Cansinas’, propiedad del ‘Organismo Autónomo de Parques Nacionales’, en pleno corazón de Monfragüe, y en ella se mataron crías de jabalíes y, al menos, cinco ciervas, en plena época de reproducción y cría.  En las jaulas se encontraron a los animales y sus crías ensangrentados por los golpes producidos al intentar escapar, por ello se pone en duda incluso el cumplimiento de las directrices y convenios internacionales, al igual que el personal empleado a tal fin, en lo referente a las jaulas.

Según señala la denuncia, esta actuación se llevó a cabo mediante capturaderos y jaulas a los que los animales son atraídos mediante aporte de alimentación suplementario, donde fueron abatidos, sin distinción de especie, sexo o edad, con disparos de arma de fuego y pistola con bala cautiva ante la presencia, entre otras personas, de personal responsable del Parque Nacional, agentes del Organismo Autónomo, Agentes del Medio Natural, veterinarios oficiales y, al menos, 15 empleados y colaboradores de una empresa pública.

DESTRUCCIÓN DE HÁBITATS DE ESPECIES PROTEGIDAS

Este control, recuerdan Artemisan y RFEC, se ha llevado a cabo en pleno periodo de reproducción y crianza de la mayoría de especies, tanto de las protegidas como de las cinegéticas que habitan el Parque. Entre ellas, la cigüeña negra, el buitre negro o el águila imperial ibérica, sin respetarse sus paradas biológicas, ya que se han encontrado nidos de las dos primeras especies a muy corta distancia del capturadero.

Para las entidades denunciantes, esta actuación puede haber producido la destrucción y alteración de hábitats de especies protegidas, incumpliendo los artículos 332 y 334 del Código Penal, así como lo establecido en los artículos 46 y 57.1 b) de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que expresamente prohíben estas actuaciones.

En este sentido, la RFEC y Artemisan denuncian la doble vara de medir de la administración pública, exigiendo la aplicación de una serie de leyes, reglamentos, planes de gestión y condicionados técnicos a los cotos de caza que son infringidos cuando la propia administración es el gestor.

Por ello, desde ambas organizaciones se solicita la depuración de todas las responsabilidades por esta actuación, y animan a los grupos ecologistas que exigieron el fin de la caza en Parques Nacionales a que se sumen a esta demanda por una matanza amparada por las administraciones públicas. 

Desde Artemisan y la RFEC advierten que estarán muy atentos al modelo de gestión y futuras actuaciones que se realicen en este Parque Nacional de Monfragüe pero también en otros Parques Nacionales, como es el caso de Cabañeros, cuyo modelo de control poblacional es muy similar al realizado por el gobierno extremeño.